El renacimiento de la voluntad política: Medio Ambiente en el T-MEC

El renacimiento de la voluntad política: Medio Ambiente en el T-MEC

 

 

Reflexiones de TradeTankMx sobre sobre la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados unidos y Canadá. Si desea volver al compilado, de click sobre el siguiente enlace: [T-MEC: Perspectivas de cambio]

 

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no comprometen en ningún sentido a las organizaciones a las que pertenece.


El renacimiento de la voluntad política: Medio Ambiente en el T-MEC

 

Por Laura Elena Montes de Oca Briseño (ver Bio)

 

Hace 26 años, cuando entró vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vincular el medio ambiente y comercio era algo novedoso. Hoy, continúa siéndolo, pero en la medida en que las Partes se comprometen más. En ese sentido, incluir un capítulo completo en el T-MEC, además de otros instrumentos que refuerzan los compromisos e incluyen nuevos con relación al Acuerdo Paralelo del TLCAN, es un cambio mayúsculo y trascendental para la región. En particular, porque dichos compromisos permitirán avanzar la agenda medioambiental de la región e incluso podrían incidir en las negociaciones comerciales internacionales.

 

Incluir disposiciones de medio ambiente en un acuerdo comercial ya no es opcional, es esencial. México es uno de los países con más recursos naturales y biodiversidad en el planeta, y junto con otros 17 países alberga cerca del 70% de las especies conocidas. Estas condiciones, si bien han sido una ventaja para México, también han significado retos. Uno de ellos es que el país se ha vuelto punto de origen y tránsito de comercio ilegal de fauna silvestre. Además, a lo largo de los años, ha enfrentado grandes problemáticas de contaminación en el aire, y en las aguas de sus 3,152 km de frontera con Estados Unidos.

 

México y el mundo, conscientes del impacto ambiental de la actividad económica y humana, han sido cada vez más reflexivos en idear maneras para que el respeto al medio ambiente y el comercio coexistan. En el caso de México, éste ha procedido a incluir en sus negociaciones comerciales más recientes, disposiciones más ambiciosas de medio ambiente en cuanto a compromisos y que fomenten la cooperación como lo fue el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) o incluso en la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

 

Este interés por adquirir compromisos más estrictos con la protección del medio ambiente en el T-MEC, es lo que analizo en este ensayo. Lo anterior, considero, se logró debido a 3 factores: 1) Un marco institucional y legislativo más establecido en materia medioambiental que provino del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) y el TIPAT; 2) Una voluntad política real de los tres países, que no estaba presente cuando se negoció el TLCAN; y 3) la identificación oportuna de los aspectos disfuncionales del TLCAN y de las problemáticas mundiales y regionales de medio ambiente.

 

 

Medio Ambiente en el T-MEC, de adicional a esencial

 

El TLCAN marcó un antes y un después para América del Norte en materia medioambiental. Si bien no significó un cambio en la magnitud esperada, sí implicó la creación de nuevas instituciones y legislaciones medioambientales y, sobre todo, nuevas maneras de cooperación y participación. Por ejemplo, con la firma del Acuerdo Medio Ambiental de América del Norte (ACAAN), se instituyó la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)[1] promotora de actividades de cooperación y mediadora en disputas ambientales. Asimismo, se crearon mecanismos adicionales bajo el Acuerdo Complementario de 1993 (la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, COCEF, y el Banco de Desarrollo de América del Norte, BDAN), que en 2017 se fusionan, para fortalecer la cooperación, asistencia técnica y facilitar el financiamiento a proyectos de infraestructura ambiental en la zona fronteriza, especialmente en materia del agua, calidad del aire y energía.

 

La cooperación fue de los resultados más tangibles de las instituciones iniciadas en el ACAAN. Por ejemplo, desde su creación hasta 2018, hubo 42 proyectos de cooperación de beneficio trilateral y se creó el Programa Alianza de América del Norte para la Acción Comunitaria Ambiental (NAPECA), con un total de 48 proyectos que benefician a las comunidades locales y grupos indígenas de los tres países (SEMARNAT, 2018). Esto, sin contar los más de 250 proyectos que también se han dado en instituciones como la COCEF, y el BDAN, entre otros. La cooperación en materia medio ambiental se fortaleció con el nuevo marco institucional y, además, favoreció la participación ciudadana con el Comité Consultivo Público, que permitía incidir en la agenda de cooperación. De modo indirecto, en ocasiones, también ayudó a la autoridad ambiental a aplicar efectivamente su legislación; aunque sobre este último punto, las opiniones divergen.

 

Las limitaciones del Tratado, en especial su cumplimiento, considero que emanan de la propia naturaleza política en la que se negociaron los Acuerdos Paralelos de Medio Ambiente y Laboral. En Estados Unidos, el cambio de un presidente republicano (George Bush) a demócrata (Bill Clinton) implicó un intenso escenario legislativo que politizó aún más la negociación de los acuerdos. De hecho, así como hubo quienes promovieron las disposiciones, también surgió un movimiento de empresas estadounidenses que querían evitar que los compromisos en materia ambiental se convirtieran en costos adicionales para sus operaciones. Bill Clinton, que además debía convencer a su propio partido de votar a favor, tuvo que crear los compromisos suficientes para concretar el acuerdo en un escenario bipartidista, dejando el alcance deseado de lado, e incluso decidiendo, por ejemplo, no comprometer fondos federales en el mejoramiento del medio ambiente en la frontera de México y Estados Unidos.

 

En realidad, cada país tenía sus propias prioridades y, entre ellas, la más importante, era ratificar el Tratado, no necesariamente crear obligaciones para la protección del medio ambiente. Esto se refleja en las limitantes de la CCA y su Secretariado, que si bien incidieron en la cooperación, no tenían la capacidad de interpretar o emitir recomendaciones, ni exigir que la parte demandada cumpliera con la aplicación de su legislación ambiental. Además, el derecho de cada Parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental, delimitó las obligaciones específicas haciéndolas vagas y demostrando la falta de interés en firmar algo más estricto, tal es así que la parte de Consultas y Solución de Controversias (del artículo 22 al 36) establecidas en el ACAAN, fue inutilizable.

 

Las disposiciones del T-MEC, en muchos sentidos, intentan arreglar esas limitaciones, en particular porque ya se tenían identificadas las fallas y sobre todo porque había más voluntad política de las tres Partes, desde el inicio. De hecho, para el momento en que las negociaciones del T-MEC comenzaron, el TIPAT ya había motivado a una parte importante del gobierno, de legisladores, sindicatos, y sectores de la sociedad civil, de exigir algo más vinculante para el tema laboral y medioambiental en los acuerdos comerciales. Por eso, aunque el inicio de las negociaciones fue hostil y de incertidumbre por amenazas de la salida de Estados Unidos, conforme avanzaron las negociaciones, en particular en las disposiciones medioambientales, las prioridades de negociación[2] no se modificaron. Básicamente, el objetivo fue lograr más cooperación y compromisos más tangibles para la protección del medio ambiente, que superaran al TIPAT, y que atacaran de fondo algunas de las disposiciones criticadas del TLCAN, en particular, respecto al cumplimiento.

 

¿Qué se logró en el T-MEC?

 

El T-MEC representa para México un nuevo alcance, dado sus modificaciones en sus objetivos, por las novedades de sus temas; por incluir un esquema más vinculante de participación ciudadana; porque favorece el cumplimiento al sujetar el capítulo al mecanismo de solución de diferencias. Asimismo, considera instrumentos adicionales para robustecer los compromisos, como el Acuerdo de Cooperación Ambiental (ECA) que reforma y mejora el ACAAN, y el Acuerdo de Cooperación Ambiental y Verificación Aduanera acordado en el Protocolo Modificatorio (Ver Figura 2) ejemplos de un mayor compromiso con la protección del medio ambiente.

 

En general, el Capítulo 24 sobre Medio Ambiente se divide en 32 disposiciones (Ver Figura 1) con algunas disposiciones sacadas del ACAAN y TIPAT. Esto implica que no todo se cambió respecto al TLCAN, pero sí hubo modificaciones que implican un mayor compromiso a la protección al medio ambiente. Un ejemplo, es que a pesar de que una ley federal continúa restringiendo su definición al ámbito federal y deja fuera a que se relacione con la seguridad e higiene del trabajador, manejo de recursos naturales con propósitos de subsistencia o recolección aborigen, hay un nuevo reconocimiento de las obligaciones bajo los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMUMA) en tres temas: (a) descarga de contaminantes ambientales; (b) el control de productos tóxicos y (c) la protección o conservación de la flora o fauna silvestres, incluso desde la definición de ley ambiental (artículo 24.1).

 

Lo mismo sucede con los objetivos y la línea base que protege al medio ambiente que son más profundos y avanzan la agenda medioambiental de la región con modificaciones que podrían pasar desapercibidas. Por ejemplo, lo nuevo en los objetivos del capítulo (artículo 24.2) respecto al TIPAT y ACAAN, es que reconoce que la cooperación contribuye a apoyar la implementación de los acuerdos internacionales ambientales y al desarrollo sostenible y, además, considera el rol del medio ambiente en pueblos indígenas y comunidades locales, y la importancia de relacionarse con ellos. También incluye los elementos del TIPAT cómo promover políticas y prácticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente, con altos niveles de protección ambiental y aplicación efectiva; y reconocer que las leyes ambientales no deben operar como restricciones encubiertas al comercio. Por otro lado, el capítulo reafirma el derecho soberano a establecer sus propios niveles de protección ambiental (artículo 24.3), pero establece una línea base para no reducir la protección otorgada (artículo 24.4.3), lo cual implica una mejora.

 

Adicionalmente, algunos artículos demuestran el interés por hacer el capítulo más ambicioso, a pesar del entorno político en el que se encontraba. Un ejemplo es que, aunque el cambio climático no se menciona per se, por no contar con el reconocimiento de la administración Trump, existen disposiciones como la de calidad del aire (artículo 24.11), que implicaría su inclusión de manera indirecta. Otro ejemplo, es el reconocimiento de disposiciones como la de Comercio y Biodiversidad (artículo 24.15), que reflejan el compromiso de México con el Convenio de Diversidad Biológica del cual Estados Unidos no es parte, y que tendrá implicaciones importantes para industrias farmacéuticas. Así también lo refleja el artículo 24.22 Conservación y Comercio, al establecer el compromiso de combatir el comercio ilegal de flora y fauna silvestres, medida que, además, se vio reforzada con el ECA y Verificación Aduanera firmada en el Protocolo Modificatorio. Otros ejemplos son la protección de la capa de ozono (artículo 24.9), la gestión forestal sustentables (artículo 24.23), la protección del medio marino de la contaminación por buques (artículo 24.10), la basura marina (artículo 24.12), entre otras. Esto, sin duda, demuestra dos cosas: que el compromiso fue mayor durante y al final de la negociación en 2019, y que la forma no necesariamente muestra enseguida el fondo o lo logrado.

 

El entorno político al final de la negociación en 2019, de hecho, impulsó aún más los compromisos con la protección al medio ambiente. Con esto, me refiero a que la inclusión de 7 Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMUMAs) en la última etapa de las negociaciones con el Protocolo Modificatorio, implicó un reconocimiento a los compromisos de los tres países hacia los AMUMA, que además era de los principales objetivos al iniciar la negociación. Estos, en materia de: 1) Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, (CITES) 2) Capa de Ozono (Protocolo de Montreal); 3) la Contaminación por los Buques; 4) Humedales especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, (RAMSAR); 5) Recursos Vivos Marinos Antárticos; 6) Regulación de la Caza de Ballenas; y 7) Atún Tropical.

 

Finalmente, entre los temas novedosos está la inclusión de artículos sobre la pesca. (artículos 24.17; 24.18; 24.19; 24.20; 24.21). En específico, la incorporación de un artículo de subvenciones a la pesca (artículo 24.20) es un elemento que podrían influir en una de las negociaciones vigentes y activas en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ha sido discutida por más de 18 años. La incorporación de este artículo al acuerdo representa un marco muy prometedor y además compromete a sus partes a discutirlo también a la OMC (artículo 24.20.10):

 

  1. Las Partes trabajarán en la OMC para fortalecer las reglas internacionales sobre el otorgamiento de subvenciones al sector pesquero y para mejorar la transparencia de las subvenciones a la pesca. (T-MEC, 2019)

 

Por otra parte, el capítulo mantiene y amplía la capacidad de participación pública, directa, lo cual es una buena señal para el avance de disposiciones medioambientales. La disposición que proviene del ACAAN, se retoma en el TIPAT con ciertas limitantes, y ahora se traslada al T-MEC. Su inclusión establecida en el artículo 24.27 permite una mayor participación de la sociedad civil tanto en el entendimiento de la implementación, como en los efectos del capítulo. De hecho, existen dos esquemas de participación: 1) una persona pueda someter preguntas que deberán de ser contestadas por los gobiernos sobre el capítulo y 2) el proceso “SEM”, que se refiere al proceso de peticiones de residentes de una parte para llamar a cuenta un gobierno por la falta de aplicación efectiva de la ley ambiental en un caso concreto.

 

Finalmente, la comprensión de esquemas criticados en el ACAAN permite que las nuevas disposiciones queden más reforzadas en el T-MEC. En ese sentido, el CCA de mediador entre gobierno y ciudadano, ahora tiene un campo de acción más amplio junto con su Secretariado, algo muy comentado en los años posteriores a la entrada en vigor, para que los “expedientes de los hechos” que previamente no determinaban responsabilidad ni formulan recomendaciones concretas –sino que tenían el objetivo de dejar al lector del expediente la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones–, ahora sí puedan dar recomendaciones para beneficiar esquemas de cooperación.

 

De igual manera, y uno de los logros más buscados fue reforzar el cumplimiento. Esto se logra al sujetar al capítulo al mecanismo de solución de controversias y que en caso de incumplimiento se pueda llegar a sanciones económicas. En ese sentido, y parte de los análisis de expertos es que, el nuevo método de reversión de la carga de la prueba, que se refiere a que ahora, en caso de ser acusado de incumplimiento, el presunto infractor es el que debe demostrar al panel lo contrario, implica retos, pero también es una oportunidad de realmente utilizar los mecanismos del Capítulo, petición solicitada de manera reiterada por la sociedad civil y expertos durante más de 26 años. Habrá que ver sus resultados finales.

Consideraciones Finales

 

Las disposiciones de Medio Ambiente del T-MEC tendrán más implicaciones de lo que demuestran a la vista. Y eso no solo se refiere a los cambios en el capítulo, sino también por los compromisos de política que cada país tiene que hacer para cumplir con sus obligaciones en el Tratado. Por ello, vale la pena destacar a Estados Unidos, que demostró que tiene un interés firme en hacer cumplir estas disposiciones. Tal es así que su Ley de Implementación del TMEC[3] define una serie de acciones, a fin de asegurar que se logren mejoras significativas en los estándares medioambientales, y cooperación transfronteriza. La creación de un Comité Intersecretarial de Medio Ambiente para el Monitoreo y Cumplimiento, que se encargará de evaluar las leyes y políticas ambientales de las Partes y monitorear la implementación y cumplimiento de las obligaciones de los países del Tratado; y los Attachés en su Embajada en México para monitoreo del capítulo y de apoyo al Comité en actividades de monitoreo, reportes, entre otras, son ejemplo de eso.

 

Otro ejemplo, y aunque sin vinculación con el capítulo per se, es el relacionado al Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), que, en su Ley, ahora sí compromete fondos federales en el mejoramiento del medio ambiente en la frontera de México y Estados Unidos. Logro histórico para lo que se había dejado de lado en 1993.  Sobre todo, porque queda mucho por hacer. Por ejemplo, el reporte del Comité de Medios y Procedimientos de Estados Unidos entregado al Congreso, puntualizó algunos ejemplos, como el caso de que compañías de Estados Unidos han exportado y desechado baterías de plomo usadas a México para evitar restricciones estadounidenses sobre contaminación por plomo; o en México, que las aguas residuales con productos químicos industriales, entre otros elementos, han contaminado las vías fluviales como el Río Nuevo, que fluye desde el Valle de Mexicali, en México, a través de Calexico.

 

Podemos concluir que las disposiciones en materia medioambiental del T-MEC tienen un potencial novedoso, ambicioso y que reconoce al medio ambiente como un elemento crítico de la relación trilateral, y para el futuro de nuevas negociaciones. En ese sentido, se mantuvieron altas aspiraciones, obligaciones legales moderadas y un mecanismo de cumplimiento fuerte. Esto traerá desafíos propios de cualquier instrumento nuevo: la implementación, los recursos, la infraestructura, el capital humano. Todos serán claves para determinar qué tanto alcance de facto tendrá, pero indudablemente, ponerlo en un acuerdo comercial representa un avance que no puede pasar desapercibido. Hay compromisos y un esquema de participación pública que no se habían visto antes. Se vale reflexionar que hubo algunas faltantes al final de la negociación, pero reitero que hubo una meta común comprendida por los tres gobiernos lo cual es muy prometedor para el futuro de América del Norte; tenemos un capítulo con potencial.

Figura 1. Disposiciones del Capítulo 24 del T-MEC

Figura 2. Instrumentos Adicionales

 

___

Notas

[1] Dividida en a) un Consejo Ministerial, autoridad política y final; b) un Secretariado con un Director Ejecutivo para ejecutar las decisiones de la comisión; y c) un Comité Consultivo Público con 15 miembros (5 de cada país) pertenecientes a grupos ambientalistas, sociedad y academia a fin de asesorar a estos órganos.

[2] USTR (2017) ; SE (2017)

[3]  United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) Bill HR 5430.

[4] SEMARNAT (2018) Acuerdo de Cooperación Ambiental.

[5] SEMARNAT (2019). Acuerdo de Cooperación Ambiental y Verificación Aduanera entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos De América.

 

___

Referencias

 

Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). (2017) BDAN y COCEF se fusionan. Obtenido de: https://www.nadb.org/es/noticias/bdan-y-cocef-se-fusionan

Congress of the United States (2019). United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) Bill HR 5430. Obtenido de: https://www.congress.gov/116/bills/hr5430/BILLS-116hr5430enr.pdf

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/canada-estados-unidos-y-mexico-renuevan-su-compromiso-con-la-cooperacion-ambiental-de-america-del-norte-a-traves-de-un-nuevo-acuerdo-de-cooperacion-ambiental

Secretaría de Economía (SE) (2017). Prioridades de México en las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Obtenido de: https://www.gob.mx/se/articulos/prioridades-de-mexico-en-las-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte?idiom=es

Secretaría de Economía (SE) (2019). Capítulo 24 de Medio Ambiente del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, TMEC. Obtenido de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465806/24ESPMedioAmbiente.pdf

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2018). Acuerdo de Cooperación Ambiental. Obtenido de: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/acuerdo-de-cooperacion-ambiental

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2018). Canadá, Estados Unidos y México renuevan su compromiso a través de un nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental. Obtenido de:

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2019). Leyes o Normas del Sector Medio Ambiente. Obtenido de:

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). (2019). Acuerdo de Cooperación Ambiental y Verificación Aduanera entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos De América. Obtenido de: https://www.gob.mx/sre/documentos/acuerdo-de-cooperacion-ambiental-y-verificacion-aduanera-entre-los-estados-unidos-mexicanos-y-los-estados-unidos-de-america

United States Trade Representative (USTR) (2017) Summary of Objectives for the NAFTA Renegotiation. Obtenido de: https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/NAFTAObjectives.pdf

Vega, Gustavo. (2010). El Tratado de Libre Comercio en América del Norte: visión retrospectiva y retos a futuro. El Colegio de México.

COVIDNOMICS: Perspectivas comerciales desde una óptica multidisciplinaria

COVIDNOMICS: Perspectivas comerciales desde una óptica multidisciplinaria

Ante la epidemia de COVID-19, los Asociados de TradeTankMx comparten sus perspectivas respecto de los efectos que observan en el comercio y la economía globales.

[Proyecto coordinado por Renata Zilli, con la participación de Alcira Gómez, Jorge O. Armijo, Rosángel Hernández, Ana Paula Sandoval, Vanessa R. Camarillo, Yolloyeztzin Díaz y Jorge Pérez]

 

 

La declaración de Angela Merkel acerca de que Alemania no ha enfrentado una mayor amenaza como la epidemia global por el COVID-19 desde la Segunda Guerra Mundial ha sido contundente y escalofriante para el resto del mundo.  Igual de impactante ha resultado observar las recientes estadísticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, donde la cifra de solicitudes por desempleo ha alcanzado niveles sin paralelo en su historia. En el continente asiático, aunque China retoma el control de la epidemia, su recuperación económica será aún más prolongada.

 Por ello, es pertinente analizar las perspectivas generales para la región de América Latina, dada su interdependencia y complementariedad económica con las potencias globales, que se encuentran ante una inminente recesión económica. 

 A raíz de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estimado que el PIB regional tendrá una contracción del -1.8%. Entre otros aspectos, como resultado de la alta dependencia de exportaciones de materia prima, las cuales podrían que podrían ver sus precios afectados, dada la volatilidad en los mercados. En materia de inversión, los flujos de capitales también se reducirán a escala global, poniendo presión en  las divisas locales, obligando a los Bancos Centrales a implementar políticas monetarias que pongan el balance entre el tipo de cambio y por supuesto, la inflación.

A ello, le añadimos una contracción de la demanda interna que, a su vez, tendrá un impacto directo en el empleo. En este rubro, la CEPAL estima una tasa de desempleo regional cercana al 10%.

Dada su dimensión global, la respuesta a una crisis de esta índole se encuentra en el multilateralismo flexible y ágil que permita trasladar recursos de donde existan a donde se necesiten. Sin embargo, el proteccionismo comercial ofrece una tentadora alternativa para algunos gobiernos que ven en el cierre de fronteras y la limitación de exportaciones una manera de garantizar su autosuficiencia. 

El COVID-19 será el elemento que revele la necesidad de una actitud regional. Lo que está en juego es la vida de millones de seres humanos.

» » » @renata_zilli « « «

 

La enfermedad COVID-19 ha trascendido rápidamente las fronteras, tomando por sorpresa a los gobiernos del mundo, quienes venían lidiando en los últimos años con el debate entre la globalización y la “desglobalización”. 

Desde el surgimiento de los primeros casos a finales de 2019, la atención prioritaria se centró en la emergencia sanitaria, misma que ha desencadenado también en una emergencia  comercial internacional ante la disrupción en las cadenas globales de valor, en particular por la falta de suministros médicos. Al respecto, hace unos días los líderes del G20 se comprometieron a garantizar el flujo de suministros médicos vitales, ¿pero quién está negociando con quién? 

Además de algunas iniciativas conjuntas como la de Nueva Zelandia con Singapur, Canadá, Australia, Chile, Brunéi y Myanmar, las economías más influyentes no están mostrando señales concretas de cooperación comercial internacional. 

No es difícil notar que quienes están ausentes son los países que son competidores directos en la venta y compra de los suministros médicos más demandados por la emergencia. Son nueve países -Alemania, Suiza, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, China, Reino Unido, Francia e Italia- los que concentran más del 60% de las exportaciones e importaciones (de acuerdo con datos para el 2018 de TradeMap ITC). Sucede, además, que estos países  concentran el 65% de los casos reportados por coronavirus (según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades al 2 de abril). Da la impresión de que éstos países se encuentran en una variación del dilema de Heinz, en el que se debaten entre tomar acciones contundentes y rápidas por el bien común o controlar las rentas de sus propias ventajas comparativas.

La realidad de las cosas es que esta situación nos demanda considerar los intereses del otro como si fueran nuestros y viceversa –aludiendo un poco a Savater-. La realidad de las cosas es que la falta de cooperación global efectiva no hará más que agravar la crisis de salud pública. 

» » » @alciragh « « «

 

La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido uno de los momentos más esperados en los últimos años para la región de América del Norte, donde habita el 7% de la población mundial y se realiza el 16% del comercio global. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha cambiado nuevamente el panorama sobre el futuro de este acuerdo comercial.

 Ciertamente, la epidemia global aceleró el proceso de aprobación legislativa del tratado en el Parlamento canadiense. Esto permitió a Canadá concluir su proceso jurídico interno en un solo día (13 de marzo de 2020), justo cuando el Parlamento decidió suspender la sesiones como una medida para contener el contagio. Sin embargo, en Estados Unidos los sectores productivos y el Senado de mayoría republicana presionaron a la Oficina del Representante Comercial (USTR) con el objetivo de retrasar la entrada en vigor del T-MEC, prevista inicialmente para el 1 de junio de 2020. En México, algunos sectores se han sumado a este llamado. Las afectaciones sobre las cadenas de suministro son el principal obstáculo al que se enfrentan para asegurar el cumplimiento de la nuevas disposiciones del tratado, sobre todo para el sector automotriz. A ello habría que sumarle el entorno de incertidumbre económica que se encuentra en niveles históricos, de acuerdo con el Índice de Incertidumbre Mundial del FMI.

 Ante la pandemia, es previsible que el proceso de implementación del T-MEC en los tres países tome más tiempo de lo planeado, sobre todo a partir del aplazamiento de las notificaciones requeridas para activar el proceso de entrada en vigor. No obstante, los socios norteamericanos deberán buscar alternativas para que el tratado pueda estar vigente durante el tercer trimestre del año.

 Mientras tanto, es previsible que el T-MEC comience a funcionar en un contexto de crisis económica mundial post-pandemia, poniendo a prueba su capacidad para reconfigurar las cadenas globales de valor, dar certidumbre al comercio y las inversiones regionales, además de servir como plataforma para la generación de nuevos empleos en los tres países.

» » » @jorgeoarmijo « « «

 

El COVID-19 ha puesto una especie de lente magnificador sobre las cadenas globales de valor (CGV). La rapidez con la que se expandió globalmente, y su amplia capacidad de “contagio” económico, hicieron visible el complejo balance sobre el que operan las CGV y el alto riesgo que implica para la manufactura global depender de proveedores concentrados en una misma ubicación geográfica. A la luz de esta experiencia, algunos gobiernos podrían buscar control sobre las cadenas de suministro de bienes esenciales y ciertas industrias podrían optar por sacrificar la eficiencia del Just-In-Time, para regresar a esquemas de inventarios y de suministro “seguros”. Ya podemos ver algunas señales al respecto:

Gobiernos, negocios y consumidores somos hoy más conscientes de la importancia de las CGV. Esto podría detonar el interés de diversos actores por hacer pública su estructura, lo que abriría paso a la posibilidad de que aspectos políticos o de seguridad influyan por sobre los de eficiencia económica, en su conformación. Esto no es pura especulación. A principios de este mes, se presentó en el Senado de Estados Unidos, una iniciativa de ley para transparentar las cadenas de suministro basadas en la provincia china de Xinjiang. Después de COVID-19, las CGV no volverán al backstage de la economía; ocuparán un lugar central en las decisiones de política pública por venir.

» » » @ros4ngel « « «

 

La cadena de suministro de alimentos está viviendo tiempos complejos con el estado de alarma por el coronavirus. Tan solo bastó con que se hiciera viral un video de ciudadanos australianos acabando con el papel de higiénico de los estantes de un supermercado para que el pánico por el desabasto se hiciera global y miles de personas, sin importar nacionalidad (ni el avance de la enfermedad en su país) corrieran a abastecerse de todo lo imaginable. Y ese inusual ritmo de consumo, por tiempo indefinido (al no tener claro cuándo terminará la crisis sanitaria), podría ocasionar un colapso en el sistema usual de abasto de alimentos. 

Vale la pena recordar que el coronavirus es considerado una pandemia y que podría afectar en menor o mayor medida a muchos de los países que nos abastecen de  alimentos y que, derivado de esto, la situación podría estar siendo también complicada para todas las empresas que producen y transportan los alimentos a nuestro supermercado más cercano. 

Y ¿cómo vamos con la autosuficiencia alimentaria en tiempos de COVID-19? Pues según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), México compra en los mercados internacionales 43% de los alimentos que consume, y es el segundo país importador de alimentos per cápita, después de Japón.

En esta crisis sanitaria y económica, resulta una oportunidad para promover el consumo de alimentos producidos localmente, eso ayudaría a nuestra comunidad productora y estimularía la economía local. Además, procuremos evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, que solo disparan la obesidad y la diabetes, esa epidemia local con la que hemos venido lidiando desde hace muchos años y que nos vuelve profundamente vulnerables a enfermedades infecciosas como el COVID-19. 

De paso, no olvidemos apoyar el esfuerzo de muchas de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción del etiquetado frontal de alimentos, medida destinada a ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones de compra en relación con su salud.

» » » @apsandovalm « « «

 

El comercio de bienes y servicios representa un papel de gran importancia en la sociedad. El abastecimiento de bienes de primera necesidad como lo son los medicamentos y servicios médicos, en este momento son de crítico interés ante el  problema de salud pública que nos acontece.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es un foro que sirve para que los Miembros intercambien puntos de vista sobre políticas públicas relacionadas con el comercio de bienes y servicios, por lo que no habría de causar extrañeza que, derivado de la crisis sanitaria, la Organización haya recibido notificaciones[1] sobre medidas comerciales adoptadas por los Miembros en respuesta al brote de COVID-19.

Los Miembros de la OMC tienen la libertad de determinar las medidas pertinentes para salvaguardar la salud y la vida de las personas. Entre ellas se encuentran la prohibición o restricciones cuantitativas a las importaciones o exportaciones, así como la implementación de licencias de importación ,sin que esto constituya “un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones o una restricción encubierta al comercio internacional”[2].

Esta excepción general se establece tanto en el Artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, como en el Artículo XIV del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS).

Además de éstos, diversos Acuerdos de la OMC, tales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, contemplan disposiciones para proteger la salud y seguridad pública, y  pueden ser adoptadas en situaciones críticas como la ahora acontecida con la pandemia del COVID-19 .

______________

[1] Notificaciones de Albania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, India, Marruecos, Paraguay, República Kirguisa, Suiza, Unión Europea y Uruguay a la OMC hasta el 29 de marzo de 2020. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_measures_e.pdf

[2] Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Artículo XX.

» » » @vane_cam03 « « «

 

En los años recientes, con el desarrollo de nuevas tecnologías como el blockchain y los contratos inteligentes, la comunidad de comercio internacional ha hecho eco del potencial disruptivo de su implementación en las operaciones de comercio internacional. La mayoría de estas voces ha manifestado abiertamente su creencia en los potenciales beneficios de tecnologías en la eficientización de procesos comerciales internacionales. Incluso, hay quienes dicen, marcarán un cambio de paradigma.

Sin embargo, este optimismo no se ha acompañado del mismo número de iniciativas, las cuales, en realidad, han sido pocas (aunque cabe decir, positivas). La implementación de estas tecnologías implica la realización de inversión en capital financiero y humano; así como asumir el riesgo de no ver retornos. Es comprensible que sean pocos los que pueden y quieren asumir este riesgo.

La presente crisis de salud está planteando un panorama sin precedentes. Con más de un tercio de la población mundial alejada de los centros tradicionales de actividad económica (puede usted revisar cualquier nota al respecto en los medios), las tecnologías que permitan llevar a cabo transacciones comerciales internacionales a distancia, de manera impersonal, con altos estándares de transparencia y certidumbre legal, dejan de parecer una apuesta por lo nuevo y se asemejan más a una necesidad.

Si algo está siendo evidente en estos períodos difíciles, es que, pase lo que pase, desafortunadamente la actividad económica no puede parar. Más aún, bajo estas circunstancias la eficiencia en las operaciones se vuelve vital. Y no, no me refiero querido lector, a que toda restricción regulatoria debe ser eliminada, pues sería tirar la bañera con todo y niño.  Este escenario nos muestra que debemos acelerar el cambio de la operación en el plano físico al plano totalmente digital. Hoy, el COVID-19 muestra que hasta una simple copia fotostática se puede convertir en una operación de riesgo. Debemos aprovechar la sinergía en el ánimo de incrementar la cooperación y el avance hacia la digitalización que la presente crisi genera.

» » » @Yolloyeztzin « « «

 

En un mundo donde la llamada “economía de los servicios” representa alrededor del 69% del PIB mundial, y el comercio internacional de servicios representan alrededor del 7% del PIB mundial, es de esperarse que el COVID-19 impacte directamente al comercio de servicios de manera inmediata, pero, ¿de qué magnitudes será este impacto? ¿cuáles serán los sectores más afectados?. 

De acuerdo con el barómetro del comercio mundial de servicios de la Organización Mundial del Comercio, el comercio mundial de servicios ya tendía a la baja durante el 2019, proyectando una disminución en la tasa de crecimiento de 4.7% en el primer trimestre a 2.8% en el tercer trimestre, cifra que muestra las primeras consecuencias que tuvo el COVID-19 en la economía mundial.

Según la OMC, los servicios que tuvieron una mayor disminución hacia finales del 2019, fueron el transporte aéreo de pasajeros, cuyo efecto no solo abarcó al continente asiático, sino también América del Norte, América del Sur y Europa. En segunda instancia se encuentra el transporte marítimo de contenedores, cuya baja se debió a la disminución del comercio de bienes en la zona. Por otro lado, las transacciones financieras y los servicios de TIC se mostraron por debajo de la tendencia de crecimiento.

A pesar de las perspectivas un tanto tenebrosas en materia de comercio internacional, experiencias pasadas como la de la crisis de 2009 muestran que el impacto en el comercio internacional de servicios es relativamente menor al impacto que sufre el comercio mundial de mercancías. Sin embargo, en un contexto donde la “servificación” se encuentra cada vez más involucrada en la producción de incontables productos, este impacto podría ser un tanto diferente en esta ocasión. Al final del día solo nos restará observar detenidamente el impacto que tendrá el COVID-19 en este sector que prometía un importante crecimiento, no obstante, podemos estar seguros que seguirá siendo relevante después de que el caos haya llegado a su fin.

» » » @JorgeJorgeapm1 « « «

 

[Proyecto coordinado por Renata Zilli, con la participación de Alcira Gómez, Jorge O. Armijo, Rosángel Hernández, Ana Paula Sandoval, Vanessa R. Camarillo, Yolloyeztzin Díaz y Jorge Pérez]
Entre la reforma y la irrelevancia: La cuestion del desarrollo en la OMC

Entre la reforma y la irrelevancia: La cuestion del desarrollo en la OMC

Por Diego Torres

A través de un memorándum oficial distribuido por la Casa Blanca el pasado 27 de julio, el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, hizo un llamado a la oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) a utilizar “todos los medios necesarios” para garantizar que se realicen cambios sustanciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC)[1], a fin de evitar que ciertos países utilicen de manera abusiva las concesiones comerciales resultantes de su autodenominación como “país en desarrollo”, conocidas oficialmente como Trato Especial y Diferenciado (TED), en el argot de la Organización.

Esto no es algo nuevo pues, en los últimos años, el gobierno estadounidense se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de estas concesiones por considerarlas “injustas”[2]. En este contexto, el pasado 15 de febrero de 2019, la delegación estadounidense en la OMC circuló una propuesta titulada “Procedimientos para fortalecer la función negociadora de la OMC”[3], en la que plantea criterios para identificar a los miembros en posibilidad de renunciar a la etiqueta de “país en desarrollo” y con ello, al trato preferencial. ¿Por qué es tan controversial esta propuesta? Para entenderlo, analicemos primero qué es el TED. 

El TED es como se le conoce al conjunto de disposiciones que se encuentran en los Acuerdos de la OMC, las cuales confieren ciertas concesiones a los países en desarrollo en reconocimiento a las asimetrías de tamaño y nivel de desarrollo de sus miembros. Lo que no es cosa menor en tanto que el TED forma parte de los principios fundamentales sobre los que la OMC se creó, atendiendo las limitaciones, dificultades y necesidades propias de la etapa de desarrollo en la que se encuentren los diferentes países. 

Entre los beneficios conferidos a quiénes forman parte de la categoría de los “países en desarrollo” podemos mencionar, por ejemplo, cierta flexibilidad respecto a sus obligaciones como miembros de la Organización, plazos más amplios para el cumplimiento de los compromisos dimanantes de los acuerdos negociados en la OMC, ventajas administrativas y de procedimiento, así como la capacidad de solicitar asistencia técnica. 

Al respecto, no debe perderse de vista que alrededor de dos terceras partes de la membresía de la OMC forman parte de la categoría “en desarrollo” y que países como China, India, Corea del Sur, Turquía y México pertenecen a esta categoría y, por tanto, gozan de las disposiciones relacionadas con el TED. Lo anterior ha generado un fuerte descontento entre las autoridades comerciales estadounidenses, quienes consideran que actualmente existen países que, aunque se autodenominan “en desarrollo”, ostentan indicadores comerciales, económicos, tecnológicos, etc., superiores o equiparables a los de los países desarrollados. Más aún, las autoridades comerciales estadounidenses sugieren que la función negociadora de la OMC se ve severamente mermada por la gran cantidad de beneficios y concesiones con las que cuenta este grupo de países. 

De acuerdo con Estados Unidos, su propuesta en la OMC no pretende obligar a los miembros a modificar el nivel de desarrollo que actualmente ostentan en la Organización y tampoco compromete el TED concedido a dichos países en el marco de los Acuerdos de la OMC que se encuentran vigentes, lo que busca es crear el compromiso a prescindir del TED en las negociaciones actuales y futuras, de miembros que caigan en alguna de las siguientes categorías:

  • Países miembros o en proceso de adhesión a la OCDE.
  • Países miembros del G20.
  • Países designados por el Banco Mundial como “país de ingresos altos”.
  • Países que representen no menos del 0.5% del comercio internacional de mercancías.

Por su parte, los detractores de la propuesta norteamericana, encabezados por China e India[4], la consideran como un atentado a uno de los principios rectores del funcionamiento de la OMC. Esta postura defiende que el TED no es una concesión unilateral ni un gesto de caridad de los miembros desarrollados hacia los miembros en desarrollo, sino el resultado de complejas negociaciones en las que los países en desarrollo tuvieron que realizar diversos sacrificios y pagar altos costos. .

Adicionalmente consideran que, a pesar de los grandes esfuerzos y avances que han tenido algunos países en las últimas décadas, en general, la brecha entre países en desarrollo y países desarrollados continúa siendo amplia y que, dada la composición multidimensional del concepto “desarrollo”, no puede considerarse que este es sinónimo de “crecimiento económico”, por lo que sería un error esperar que un país que presenta un buen desempeño económico o comercial es, automáticamente, desarrollado.  

Por último, uno de los argumentos más interesantes y controversiales de esta postura radica en la consideración de que, inmersas en los Acuerdos de la OMC, existen algunas disposiciones que confieren una suerte de TED para los países desarrollados (como la Medida Global de Ayuda en el  Acuerdo sobre Agricultura). Resultado de esto, cualquier negociación sobre el TED debería contemplar una revisión más amplia y profunda de las disposiciones que impliquen algún tipo de concesión inscritas en dichos Acuerdos en virtud de garantizar resultados beneficiosos para ambos grupos de países, cuestión que se anticipa extremadamente complicada. 

Como puede observarse, ambas posturas defienden argumentos válidos. Por un lado, innegablemente la condiciones económicas y comerciales de los miembros de la OMC se han modificado, en mayor o menor medida, desde su fundación en 1995. Más aún, los grandes problemas del escenario comercial internacional no se solucionarán si no existe compromiso por parte de los principales actores. Por otro lado, sería un error buscar que los lineamientos de la Organización apliquen a todos los miembros por igual o, peor aún,  forzar a los países a adoptar compromisos y obligaciones basándose en su pertenencia a una categoría que fue determinada de manera unilateral. 

En este sentido, adoptar un enfoque similar al del Acuerdo sobre Facilitación Comercial puede ser un primer paso hacia  la convergencia entre dichas posturas. En el proceso de negociación de ese acuerdo, los países acordaron determinar por sí mismos el nivel de compromiso que están en capacidad de asumir, con plazos fijos para el cumplimiento de objetivos, así como las debidas flexibilidades para los países que las necesiten.

Sin embargo, no hay que perder de vista que en el Memorándum del 26 de julio el Presidente Trump estableció un plazo de 60 días para que la oficina del USTR realice un reporte de avances y de 90 días para que comunique si es que ha habido cambios sustanciales en la materia. Si el USTR determina que dichos cambios no se han realizado, el gobierno norteamericano llevará a cabo acciones unilaterales respecto a los países que considere injustamente beneficiados por el TED.

Así, con un Órgano de Apelación a punto de hacerse inoperante, unas negociaciones de pesca que avanzan despacio en una carrera contra el tiempo y casi a las puertas de una Conferencia Ministerial que promete poco, el tema del desarrollo se suma a la cada vez más larga lista de temas pendientes de resolver en el seno de la OMC antes del final del año,  en un momento crítico en que, en palabras del Embajador de Estados Unidos, Dennis Shea, la Organización se debate entre la reforma y la irrelevancia.

___

Referencias: 

[1] Memorandum on Reforming Developing-Country Status in the World Trade Organization

[2] WT/GC/W/757/Rev.1

[3] WT/GC/W/764 

[4] WT/GC/W/765/Rev.2

La Seguridad Nacional y la OMC

La Seguridad Nacional y la OMC

Por Vanessa R. Camarillo

Uno de los elementos más destacables de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es  que cuenta con un sistema jurisdiccional interno en el que los Miembros pueden dirimir sus diferencias en materia comercial. Una diferencia surge cuando un Miembro de la OMC considera que otro está infringiendo uno o varios de los acuerdos negociados en el marco de la organización.

Así, el mecanismo de solución de diferencias de la OMC se erige como un elemento central para el pleno funcionamiento del sistema multilateral del comercio. Al día de hoy este mecanismo ha sido usado en 586 ocasiones desde su implementación en enero de 1995[1].

Ahora bien, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) prevé obligaciones y derechos para regular y liberalizar el comercio, lo que acota la esfera de acción de los Miembros en su formulación de estrategias o instrumentos de política comercial. No obstante, el mismo GATT de 1994 incluye normas de excepción que sirven para justificar una infracción de cualquier disposición de los acuerdos abarcados. Este es el caso de los artículos XX y XXI de dicho ordenamiento, los cuales estipulan excepciones para alcanzar objetivos legítimos que no son necesariamente de naturaleza económica y/o comercial.

Las medidas impuestas por un Miembro al amparo del artículo XX del GATT de 1994 deben cumplir con los requisitos enlistados en los literales a) a j) del mismo. Dicho artículo es el reflejo del reconocimiento al derecho de los Miembros de velar por sus intereses legítimos, entre los que podríamos mencionar preservar la salud y la vida de las personas, la moral pública, el medioambiente, etc.

Por otro lado, el artículo XXI del GATT de 1994[2], es una excepción que comprende medidas adoptadas por cuestiones de seguridad nacional. Conforme a dicha disposición, los Miembros tienen el derecho de apartarse de los compromisos contraídos en los acuerdos de la OMC en virtud de proteger los intereses esenciales relacionados con su seguridad nacional. Ante la enorme complejidad de definir un concepto tan ambiguo como “seguridad nacional” y los subsecuentes problemas que traería su interpretación, el tema de la aplicación del artículo XXI mantuvo un bajo perfil en la Organización hasta fechas recientes.

El 14 de septiembre de 2016, Ucrania solicitó la celebración de consultas con Rusia[3] en relación a varias restricciones y prohibiciones que le fueron impuestas al tráfico en tránsito procedente de Ucrania hacia Kazajstán y la República Kirguisa pasando por Rusia.

En respuesta, Rusia manifestó que las medidas adoptadas fueron necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad nacional, derivado de la grave tensión internacional que se produjo entre dichos Miembros, por lo que invocó la disposición del artículo XXI del GATT de 1994. Este caso fue la primera vez que un Grupo Especial emitió un informe respecto a una excepción de seguridad nacional.

En dicho asunto, el Grupo Especial constató que los grupos especiales de la OMC tienen jurisdicción para examinar medidas invocadas bajo el artículo XXI, por lo que analizó si Rusia había cumplido con los requisitos necesarios para invocar dicha disposición en relación con las medidas en litigio. El Grupo Especial determinó que “en general se deja en manos de cada Miembro definir lo que considera que son los intereses esenciales de su seguridad”[4]. Pero igualmente señaló que esto no le otorga la plena libertad a un Miembro para que “cualquier preocupación” pueda ser considerada de interés esencial para la seguridad. Finalmente, el Grupo Especial reconoció que si las medidas adoptadas por Rusia hubieran sido adoptadas en “tiempos normales” Ucrania habría acreditado prima facie que las medidas en litigio eran incompatibles con las obligaciones del GATT de 1994[5].

Rusia no ha sido el único Miembro en invocar dicho numeral. Estados Unidos (EE.UU.) inició una investigación bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 que autoriza al Presidente a imponer restricciones basadas en decisiones adoptadas por el Departamento de Comercio respecto a productos que están siendo importados y afectan la seguridad nacional. Derivado de dicha investigación EE.UU. comenzó a aplicar un arancel adicional del 25% sobre los productos de acero y 10% sobre los productos de aluminio.

Debido a las medidas impuestas por EE.UU., China[6], India[7], la Unión Europea[8], Canadá[9], México[10], Noruega[11], Rusia[12], Suiza[13] y Turquía[14] iniciaron casos en contra de las medidas estadounidenses impuestas a la importación de productos de acero y aluminio.

En otro caso, Qatar inició solicitud de consultas con los Emiratos Árabes Unidos[15], Bahrein[16] y Arabia Saudita[17] por medidas adoptadas relativas al comercio de mercancías, servicios y aspectos que afectan los derechos de propiedad intelectual. Debido a esto, Qatar ha impuesto medidas de retorsión unilaterales contra dichos Miembros, ya que manifiestan haber adoptado las medidas para proteger sus intereses en materia de seguridad nacional.

Esta situación abre un nuevo paradigma para el sistema multilateral de comercio, ya que la creciente tendencia de justificar una medida argumentando intereses de seguridad nacional crea una gran incertidumbre entre los Miembros y coloca a los grupos especiales ante la difícil tarea de intentar definir la seguridad nacional al emitir los informes resultantes de cada uno de los asuntos.


[1] Lista cronológica de las diferencias, Organización Mundial del Comercio, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm

[2] Artículo XXI: Excepciones relativas a la seguridad

No deberá interpretarse ninguna disposición del presente Acuerdo en el sentido de que:

a)     imponga a una parte contratante la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación sería, a su juicio, contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o

b)    impida a una parte contratante la adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, relativas:

i)      a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;

ii)     al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

iii)   a las aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o

c)     impida a una parte contratante la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por ella contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

[3] Rusia — Tráfico en tránsito (WT/DS512/1)

[4] Rusia — Tráfico en tránsito (WT/DS512/R para. 7.131)

[5] Ídem (para 8.2)

[6] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (China) (WT/DS544/1)

[7] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (India) (WT/DS547/1)

[8] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Unión Europea) (WT/DS548/1)

[9] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Canadá) (WT/DS550/1)

[10] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (México) (WT/DS551/1)

[11] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Noruega) (WT/DS552/1)

[12] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Rusia) (WT/DS554/1)

[13] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Suiza) (WT/DS556/1)

[14] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Turquía) (WT/DS564/1)

[15] Emiratos Árabes Unidos — Mercancías, servicios y derechos de propiedad intelectual (WT/DS526/1)

[16] Bahrein — Mercancías, servicios y derechos de propiedad intelectual (WT/DS527/1)

[17] Arabia Saudita — Mercancías, servicios y derechos de propiedad intelectual (WT/DS528/1)

Estados Unidos anuncia nuevas medidas comerciales en contra de México: precisiones en torno al diferendo

Estados Unidos anuncia nuevas medidas comerciales en contra de México: precisiones en torno al diferendo

En días recientes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos (USDOC), anunció su determinación preliminar para imponer derechos antisubvenciones (también denominados cuotas compensatorias) a la importación de productos de acero estructural habilitado de origen mexicano. La ambigüedad sobre este tema ha generado mayores dudas, por lo que conviene hacer algunas precisiones.

Esta medida preliminar tiene sustento en las investigaciones iniciadas en febrero de 2019. Por un lado, en materia de subvenciones para verificar si los productores de acero mexicanos se están beneficiando por alguna subvención o subsidio (a manera de contribución financiera) otorgado por el gobierno, poniéndolos en una posición de ventaja frente a sus competidores estadounidenses. Por el otro, en materia de derechos contra la competencia desleal para determinar si el acero importado desde México se está vendiendo en Estados Unidos a un valor inferior al del mercado de origen. Es importante precisar que la competencia desleal (dumping) es cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país. Por lo tanto, hay claras diferencias entre una subvención y la competencia desleal.

De acuerdo con el comunicado emitido por el USDOC el 26 de febrero del 2019, el propósito de iniciar con estas investigaciones es definir si es necesaria la aplicación de derechos antisubvenciones y derechos antidumping, respectivamente, contra los productores privados mexicanos, con la finalidad de regular las importaciones que se comercializan a precios por debajo del mercado, y con ello evitar un daño a la industria nacional estadounidenses. De ahí que el procedimiento inició a petición de un subgrupo de miembros del Instituto Americano de Construcción de Acero con sede en Chicago, Illinois. El 20 de marzo, la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (USITC), publicó su determinación preliminar de daño en las investigaciones antisubvenciones y antidumping. Importante señalar que es la USITC la instancia encargada de calcular el impacto de las cuotas antisubvenciones y compensatorias a las importaciones de productos, entre otras funciones. Por su parte, el 8 de julio el USDOC determinó de manera preliminar que algunas empresas mexicanas se benefician de subsidios que van del 0.01% hasta 74.01%. En consecuencia, instruyó al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos proceder con el cobro de derechos antisubvenciones en un rango de entre 0.01% y 74.01%, sobre la importación de estructuras de acero fabricadas por un grupo selecto de empresas mexicanas.

Ambas investigaciones se mantienen en curso, y no será hasta mediados de noviembre (19 de noviembre de 2019) que el USDOC emita su resolución. En caso de ser en sentido afirmativo, la USITC deberá emitir su determinación final hacia principios de enero de 2020, con lo que definirán los derechos antisubvenciones y derechos antidumping que habrán de aplicarse de manera definitiva. En caso de que el USDOC concluya que los productos no están siendo objeto de subsidios o dumping, o si la USITC considera que no hay daño a la industria nacional, las investigaciones se darán por concluidas y no se emitirá ninguna orden para el cobro de derechos.

Destaca que estas investigaciones no guardan relación con la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles del 25% y 10%, respectivamente, sobre la importación de productos mexicanos de acero y aluminio en virtud de la sección 232 que se refiere a cuestiones de seguridad nacional de Estados Unidos, toda vez que este es un tema resuelto. En mayo de 2019, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para poner fin a estos aranceles y las medidas de represalia correspondientes, al confirmar que las exportaciones mexicanas no representan ningún riesgo para la seguridad del país norteamericano. Tampoco tiene que ver con la amenaza de imponer aranceles a todas las exportaciones de México hacia el ese país anunciada por el presidente Trump el 30 de mayo.

Más bien, responden a cuestiones meramente comerciales. Primero, tiene que ver con el derecho que tiene cualquier país miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de iniciar una investigación para demostrar los efectos desfavorables de la subvención para el comercio y su industria nacional, estipulada en el artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. Específicamente, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, establece las normas de procedimiento para aplicar las cuotas antisubvenciones o compensatorias que el país reclamante considere pertinentes, siempre y cuando se demuestre la existencia de importaciones subvencionadas, daño a una rama de producción nacional y una relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño.

Segundo, se refiere a la capacidad que tiene cualquier país miembro de la OMC de imponer un derecho contra la competencia desleal específico a las importaciones procedentes de un determinado país, en los casos en que el dumping cause o amenace causar daño a una rama de producción nacional o retrase de manera importante la creación de una rama de producción nacional. También está reconocido en el artículo VI del GATT. Pero es el acuerdo antidumping el que establece los fundamentos y principios en torno a la aplicación de una investigación, determinación e implementación de derechos antidumping.

Importante subrayar que, a pesar de ser una controversia entre particulares, las diferencias que pudieran surgir de estas investigaciones, están sujetas al procedimiento vinculante de solución de diferencias ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. Los miembros, en este caso México, pueden impugnar el establecimiento de cuotas antisubvenciones o medidas contra la competencia desleal, incluso se puede impugnar la imposición de medidas provisionales, entre otros aspectos.

En ese sentido, este diferendo es distinto e independiente a los señalados anteriormente, porque se desarrolla únicamente en el plano comercial. Se deslinda del tema migratorio, y no necesariamente es un obstáculo para la aprobación del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Mientras tanto, México podrá recurrir a los mecanismos e instancias correspondientes para atender el diferendo en apoyo a su industria, siempre en apego al marco legal establecido, a efecto de preservar la armonía y correcto funcionamiento del sistema multilateral de comercio.

JORGE O. ARMIJO es licenciado en Relaciones Internacionales. Es egresado de la primera generación del Diplomado en Negociaciones Comerciales Internacionales de El Colegio de México (Colmex). Además, es socio fundador y Secretario de TradeTankMx, e integrante de la mesa directiva del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Actualmente se desempeña como Subdirector de Investigación y Análisis en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques de la Cámara de Senadores. Sígalo en Twitter en @jorgeoarmijo.

*Este artículo fue originalmente publicado en: http://revistafal.com/estados-unidos-anuncia-nuevas-medidas-comerciales-en-contra-de-mexico-precisiones-en-torno-al-diferendo/

@TradeTankMx #PensarGlobal