Las dos historias de la industria aeronáutica y su importancia para el comercio

Las dos historias de la industria aeronáutica y su importancia para el comercio

Por Jose Luis Sotelo Hernández [@Luis_sotelo_h]

 

En lo que va de 2020, la aviación de carga ha salido casi “ilesa” de la crisis causada por COVID-19. Incluso en los meses de mayores restricciones comerciales, a causa de los mandatos de confinamiento, el movimiento de insumos médicos permitió que siguiera operando. 

En el período de enero-octubre de este año, en la comparación de la flota activa por actividad y tipo de avión, el sector de carga ha mostrado un incremento  de 4%, comparado con el mismo periodo de 2019.[1]

En contraste, la aviación para el transporte de pasajeros se ha visto muy afectada. Sobre todo, la aviación privada, que es clave para la movilidad de inversionistas y personas de negocios. Esto afecta a los flujos de comercio de servicios y dificulta la realización de inversiones en los diferentes clústeres especializados de México.

Por ejemplo, el cluster de “la industria aeroespacial en México ha tenido, por primera vez, una reducción en las exportaciones, pasó de US$9.6 mil millones en 2019 a aproximadamente US$6.6 mil millones durante este año . Esto es equivalente a alrededor de 30% menos en partes y componentes dentro de las cadenas globales de valor, generado por el efecto dominó en el retraso en las entregas de aeronaves de los fabricantes.[2]

Para la recuperación del comercio, también se requiere la completa recuperación de la industria aeronáutica, en todos los ecosistemas en los que participa: la industria turística, cargo y personas de negocios. Hoy se estima que la industria aeronáutica regresará a los mismos niveles de 2019, hasta 2024. Es necesario que esto se logre antes.

Se puede dar una recuperación en el mediano plazo, ya que el usuario de cabina first class & business podría “saltar” a horas de vuelo privado, como efecto de los protocolos de seguridad que ofrece este tipo de aviación. Pero también se necesita el involucramiento y liderazgo de las industrias y el gobierno.

Las inversiones entran a un país por su infraestructura aeroportuaria, si esta industria no se recupera, no sólo se corre el riesgo de que los inversionistas no viajen, sino que puede haber fuga de inversión a economías mejor preparadas. Esto, aunado a la incertidumbre de la transición presidencial  en EE.UU. y de la expectativa de la vacuna contra COVID-19, ponen a México en una situación difícil. 

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[1] Data source: ICAO, and ADS-B flightaware, for more information: http://data.icao.int/icads/

[2] Luis Lizcano, General Director for the Mexican Federation of Aerospace Industries (FEMIA).

TradeTankMx participa en ‘Geneva Trade Week’ #GTW2020

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Geneva Trade Week 2020 es una conferencia virtual organizada por Geneva Trade Platform que se desarrollará del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre. La #GTW2020 tiene lugar en la semana del Foro Público de la OMC, que fuera cancelado este año.

Geneva Trade Week 2020 reunirá a expertos, académicos, responsables de la formulación de políticas públicas, actores del sector privado y activistas apasionados para debatir sobre el comercio internacional, su impacto y su conexión con los problemas más urgentes de nuestro tiempo.

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Más de 70 organizaciones de todo el mundo impartirán 54 sesiones sobre importantes temas relacionados con comercio digital, comercio y […], sustentabilidad, reiniciando la OMC y repensando el comercio.

TradeTankMx promueve el diálogo informado e inteligente sobre los principales temas en la agenda comercial internacional con miras hacia un comercio más inlcuyente y sostenible. Derivado de ello, con el apoyo de todos los socios co-fundadores, se ha conformado un equipo para participar en la #GTW2020 con un panel para dialogar sobre comercio y género más allá de la Conferencia Ministerial de Buenos Aires de 2017.

 

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COVIDNOMICS: Perspectivas comerciales desde una óptica multidisciplinaria

COVIDNOMICS: Perspectivas comerciales desde una óptica multidisciplinaria

Ante la epidemia de COVID-19, los Asociados de TradeTankMx comparten sus perspectivas respecto de los efectos que observan en el comercio y la economía globales.

[Proyecto coordinado por Renata Zilli, con la participación de Alcira Gómez, Jorge O. Armijo, Rosángel Hernández, Ana Paula Sandoval, Vanessa R. Camarillo, Yolloyeztzin Díaz y Jorge Pérez]

 

 

La declaración de Angela Merkel acerca de que Alemania no ha enfrentado una mayor amenaza como la epidemia global por el COVID-19 desde la Segunda Guerra Mundial ha sido contundente y escalofriante para el resto del mundo.  Igual de impactante ha resultado observar las recientes estadísticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, donde la cifra de solicitudes por desempleo ha alcanzado niveles sin paralelo en su historia. En el continente asiático, aunque China retoma el control de la epidemia, su recuperación económica será aún más prolongada.

 Por ello, es pertinente analizar las perspectivas generales para la región de América Latina, dada su interdependencia y complementariedad económica con las potencias globales, que se encuentran ante una inminente recesión económica. 

 A raíz de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estimado que el PIB regional tendrá una contracción del -1.8%. Entre otros aspectos, como resultado de la alta dependencia de exportaciones de materia prima, las cuales podrían que podrían ver sus precios afectados, dada la volatilidad en los mercados. En materia de inversión, los flujos de capitales también se reducirán a escala global, poniendo presión en  las divisas locales, obligando a los Bancos Centrales a implementar políticas monetarias que pongan el balance entre el tipo de cambio y por supuesto, la inflación.

A ello, le añadimos una contracción de la demanda interna que, a su vez, tendrá un impacto directo en el empleo. En este rubro, la CEPAL estima una tasa de desempleo regional cercana al 10%.

Dada su dimensión global, la respuesta a una crisis de esta índole se encuentra en el multilateralismo flexible y ágil que permita trasladar recursos de donde existan a donde se necesiten. Sin embargo, el proteccionismo comercial ofrece una tentadora alternativa para algunos gobiernos que ven en el cierre de fronteras y la limitación de exportaciones una manera de garantizar su autosuficiencia. 

El COVID-19 será el elemento que revele la necesidad de una actitud regional. Lo que está en juego es la vida de millones de seres humanos.

» » » @renata_zilli « « «

 

La enfermedad COVID-19 ha trascendido rápidamente las fronteras, tomando por sorpresa a los gobiernos del mundo, quienes venían lidiando en los últimos años con el debate entre la globalización y la “desglobalización”. 

Desde el surgimiento de los primeros casos a finales de 2019, la atención prioritaria se centró en la emergencia sanitaria, misma que ha desencadenado también en una emergencia  comercial internacional ante la disrupción en las cadenas globales de valor, en particular por la falta de suministros médicos. Al respecto, hace unos días los líderes del G20 se comprometieron a garantizar el flujo de suministros médicos vitales, ¿pero quién está negociando con quién? 

Además de algunas iniciativas conjuntas como la de Nueva Zelandia con Singapur, Canadá, Australia, Chile, Brunéi y Myanmar, las economías más influyentes no están mostrando señales concretas de cooperación comercial internacional. 

No es difícil notar que quienes están ausentes son los países que son competidores directos en la venta y compra de los suministros médicos más demandados por la emergencia. Son nueve países -Alemania, Suiza, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, China, Reino Unido, Francia e Italia- los que concentran más del 60% de las exportaciones e importaciones (de acuerdo con datos para el 2018 de TradeMap ITC). Sucede, además, que estos países  concentran el 65% de los casos reportados por coronavirus (según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades al 2 de abril). Da la impresión de que éstos países se encuentran en una variación del dilema de Heinz, en el que se debaten entre tomar acciones contundentes y rápidas por el bien común o controlar las rentas de sus propias ventajas comparativas.

La realidad de las cosas es que esta situación nos demanda considerar los intereses del otro como si fueran nuestros y viceversa –aludiendo un poco a Savater-. La realidad de las cosas es que la falta de cooperación global efectiva no hará más que agravar la crisis de salud pública. 

» » » @alciragh « « «

 

La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido uno de los momentos más esperados en los últimos años para la región de América del Norte, donde habita el 7% de la población mundial y se realiza el 16% del comercio global. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha cambiado nuevamente el panorama sobre el futuro de este acuerdo comercial.

 Ciertamente, la epidemia global aceleró el proceso de aprobación legislativa del tratado en el Parlamento canadiense. Esto permitió a Canadá concluir su proceso jurídico interno en un solo día (13 de marzo de 2020), justo cuando el Parlamento decidió suspender la sesiones como una medida para contener el contagio. Sin embargo, en Estados Unidos los sectores productivos y el Senado de mayoría republicana presionaron a la Oficina del Representante Comercial (USTR) con el objetivo de retrasar la entrada en vigor del T-MEC, prevista inicialmente para el 1 de junio de 2020. En México, algunos sectores se han sumado a este llamado. Las afectaciones sobre las cadenas de suministro son el principal obstáculo al que se enfrentan para asegurar el cumplimiento de la nuevas disposiciones del tratado, sobre todo para el sector automotriz. A ello habría que sumarle el entorno de incertidumbre económica que se encuentra en niveles históricos, de acuerdo con el Índice de Incertidumbre Mundial del FMI.

 Ante la pandemia, es previsible que el proceso de implementación del T-MEC en los tres países tome más tiempo de lo planeado, sobre todo a partir del aplazamiento de las notificaciones requeridas para activar el proceso de entrada en vigor. No obstante, los socios norteamericanos deberán buscar alternativas para que el tratado pueda estar vigente durante el tercer trimestre del año.

 Mientras tanto, es previsible que el T-MEC comience a funcionar en un contexto de crisis económica mundial post-pandemia, poniendo a prueba su capacidad para reconfigurar las cadenas globales de valor, dar certidumbre al comercio y las inversiones regionales, además de servir como plataforma para la generación de nuevos empleos en los tres países.

» » » @jorgeoarmijo « « «

 

El COVID-19 ha puesto una especie de lente magnificador sobre las cadenas globales de valor (CGV). La rapidez con la que se expandió globalmente, y su amplia capacidad de “contagio” económico, hicieron visible el complejo balance sobre el que operan las CGV y el alto riesgo que implica para la manufactura global depender de proveedores concentrados en una misma ubicación geográfica. A la luz de esta experiencia, algunos gobiernos podrían buscar control sobre las cadenas de suministro de bienes esenciales y ciertas industrias podrían optar por sacrificar la eficiencia del Just-In-Time, para regresar a esquemas de inventarios y de suministro “seguros”. Ya podemos ver algunas señales al respecto:

Gobiernos, negocios y consumidores somos hoy más conscientes de la importancia de las CGV. Esto podría detonar el interés de diversos actores por hacer pública su estructura, lo que abriría paso a la posibilidad de que aspectos políticos o de seguridad influyan por sobre los de eficiencia económica, en su conformación. Esto no es pura especulación. A principios de este mes, se presentó en el Senado de Estados Unidos, una iniciativa de ley para transparentar las cadenas de suministro basadas en la provincia china de Xinjiang. Después de COVID-19, las CGV no volverán al backstage de la economía; ocuparán un lugar central en las decisiones de política pública por venir.

» » » @ros4ngel « « «

 

La cadena de suministro de alimentos está viviendo tiempos complejos con el estado de alarma por el coronavirus. Tan solo bastó con que se hiciera viral un video de ciudadanos australianos acabando con el papel de higiénico de los estantes de un supermercado para que el pánico por el desabasto se hiciera global y miles de personas, sin importar nacionalidad (ni el avance de la enfermedad en su país) corrieran a abastecerse de todo lo imaginable. Y ese inusual ritmo de consumo, por tiempo indefinido (al no tener claro cuándo terminará la crisis sanitaria), podría ocasionar un colapso en el sistema usual de abasto de alimentos. 

Vale la pena recordar que el coronavirus es considerado una pandemia y que podría afectar en menor o mayor medida a muchos de los países que nos abastecen de  alimentos y que, derivado de esto, la situación podría estar siendo también complicada para todas las empresas que producen y transportan los alimentos a nuestro supermercado más cercano. 

Y ¿cómo vamos con la autosuficiencia alimentaria en tiempos de COVID-19? Pues según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), México compra en los mercados internacionales 43% de los alimentos que consume, y es el segundo país importador de alimentos per cápita, después de Japón.

En esta crisis sanitaria y económica, resulta una oportunidad para promover el consumo de alimentos producidos localmente, eso ayudaría a nuestra comunidad productora y estimularía la economía local. Además, procuremos evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, que solo disparan la obesidad y la diabetes, esa epidemia local con la que hemos venido lidiando desde hace muchos años y que nos vuelve profundamente vulnerables a enfermedades infecciosas como el COVID-19. 

De paso, no olvidemos apoyar el esfuerzo de muchas de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción del etiquetado frontal de alimentos, medida destinada a ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones de compra en relación con su salud.

» » » @apsandovalm « « «

 

El comercio de bienes y servicios representa un papel de gran importancia en la sociedad. El abastecimiento de bienes de primera necesidad como lo son los medicamentos y servicios médicos, en este momento son de crítico interés ante el  problema de salud pública que nos acontece.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es un foro que sirve para que los Miembros intercambien puntos de vista sobre políticas públicas relacionadas con el comercio de bienes y servicios, por lo que no habría de causar extrañeza que, derivado de la crisis sanitaria, la Organización haya recibido notificaciones[1] sobre medidas comerciales adoptadas por los Miembros en respuesta al brote de COVID-19.

Los Miembros de la OMC tienen la libertad de determinar las medidas pertinentes para salvaguardar la salud y la vida de las personas. Entre ellas se encuentran la prohibición o restricciones cuantitativas a las importaciones o exportaciones, así como la implementación de licencias de importación ,sin que esto constituya “un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones o una restricción encubierta al comercio internacional”[2].

Esta excepción general se establece tanto en el Artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, como en el Artículo XIV del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS).

Además de éstos, diversos Acuerdos de la OMC, tales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, contemplan disposiciones para proteger la salud y seguridad pública, y  pueden ser adoptadas en situaciones críticas como la ahora acontecida con la pandemia del COVID-19 .

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[1] Notificaciones de Albania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, India, Marruecos, Paraguay, República Kirguisa, Suiza, Unión Europea y Uruguay a la OMC hasta el 29 de marzo de 2020. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_measures_e.pdf

[2] Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Artículo XX.

» » » @vane_cam03 « « «

 

En los años recientes, con el desarrollo de nuevas tecnologías como el blockchain y los contratos inteligentes, la comunidad de comercio internacional ha hecho eco del potencial disruptivo de su implementación en las operaciones de comercio internacional. La mayoría de estas voces ha manifestado abiertamente su creencia en los potenciales beneficios de tecnologías en la eficientización de procesos comerciales internacionales. Incluso, hay quienes dicen, marcarán un cambio de paradigma.

Sin embargo, este optimismo no se ha acompañado del mismo número de iniciativas, las cuales, en realidad, han sido pocas (aunque cabe decir, positivas). La implementación de estas tecnologías implica la realización de inversión en capital financiero y humano; así como asumir el riesgo de no ver retornos. Es comprensible que sean pocos los que pueden y quieren asumir este riesgo.

La presente crisis de salud está planteando un panorama sin precedentes. Con más de un tercio de la población mundial alejada de los centros tradicionales de actividad económica (puede usted revisar cualquier nota al respecto en los medios), las tecnologías que permitan llevar a cabo transacciones comerciales internacionales a distancia, de manera impersonal, con altos estándares de transparencia y certidumbre legal, dejan de parecer una apuesta por lo nuevo y se asemejan más a una necesidad.

Si algo está siendo evidente en estos períodos difíciles, es que, pase lo que pase, desafortunadamente la actividad económica no puede parar. Más aún, bajo estas circunstancias la eficiencia en las operaciones se vuelve vital. Y no, no me refiero querido lector, a que toda restricción regulatoria debe ser eliminada, pues sería tirar la bañera con todo y niño.  Este escenario nos muestra que debemos acelerar el cambio de la operación en el plano físico al plano totalmente digital. Hoy, el COVID-19 muestra que hasta una simple copia fotostática se puede convertir en una operación de riesgo. Debemos aprovechar la sinergía en el ánimo de incrementar la cooperación y el avance hacia la digitalización que la presente crisi genera.

» » » @Yolloyeztzin « « «

 

En un mundo donde la llamada “economía de los servicios” representa alrededor del 69% del PIB mundial, y el comercio internacional de servicios representan alrededor del 7% del PIB mundial, es de esperarse que el COVID-19 impacte directamente al comercio de servicios de manera inmediata, pero, ¿de qué magnitudes será este impacto? ¿cuáles serán los sectores más afectados?. 

De acuerdo con el barómetro del comercio mundial de servicios de la Organización Mundial del Comercio, el comercio mundial de servicios ya tendía a la baja durante el 2019, proyectando una disminución en la tasa de crecimiento de 4.7% en el primer trimestre a 2.8% en el tercer trimestre, cifra que muestra las primeras consecuencias que tuvo el COVID-19 en la economía mundial.

Según la OMC, los servicios que tuvieron una mayor disminución hacia finales del 2019, fueron el transporte aéreo de pasajeros, cuyo efecto no solo abarcó al continente asiático, sino también América del Norte, América del Sur y Europa. En segunda instancia se encuentra el transporte marítimo de contenedores, cuya baja se debió a la disminución del comercio de bienes en la zona. Por otro lado, las transacciones financieras y los servicios de TIC se mostraron por debajo de la tendencia de crecimiento.

A pesar de las perspectivas un tanto tenebrosas en materia de comercio internacional, experiencias pasadas como la de la crisis de 2009 muestran que el impacto en el comercio internacional de servicios es relativamente menor al impacto que sufre el comercio mundial de mercancías. Sin embargo, en un contexto donde la “servificación” se encuentra cada vez más involucrada en la producción de incontables productos, este impacto podría ser un tanto diferente en esta ocasión. Al final del día solo nos restará observar detenidamente el impacto que tendrá el COVID-19 en este sector que prometía un importante crecimiento, no obstante, podemos estar seguros que seguirá siendo relevante después de que el caos haya llegado a su fin.

» » » @JorgeJorgeapm1 « « «

 

[Proyecto coordinado por Renata Zilli, con la participación de Alcira Gómez, Jorge O. Armijo, Rosángel Hernández, Ana Paula Sandoval, Vanessa R. Camarillo, Yolloyeztzin Díaz y Jorge Pérez]
Entre la reforma y la irrelevancia: La cuestion del desarrollo en la OMC

Entre la reforma y la irrelevancia: La cuestion del desarrollo en la OMC

Por Diego Torres

A través de un memorándum oficial distribuido por la Casa Blanca el pasado 27 de julio, el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, hizo un llamado a la oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) a utilizar “todos los medios necesarios” para garantizar que se realicen cambios sustanciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC)[1], a fin de evitar que ciertos países utilicen de manera abusiva las concesiones comerciales resultantes de su autodenominación como “país en desarrollo”, conocidas oficialmente como Trato Especial y Diferenciado (TED), en el argot de la Organización.

Esto no es algo nuevo pues, en los últimos años, el gobierno estadounidense se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de estas concesiones por considerarlas “injustas”[2]. En este contexto, el pasado 15 de febrero de 2019, la delegación estadounidense en la OMC circuló una propuesta titulada “Procedimientos para fortalecer la función negociadora de la OMC”[3], en la que plantea criterios para identificar a los miembros en posibilidad de renunciar a la etiqueta de “país en desarrollo” y con ello, al trato preferencial. ¿Por qué es tan controversial esta propuesta? Para entenderlo, analicemos primero qué es el TED. 

El TED es como se le conoce al conjunto de disposiciones que se encuentran en los Acuerdos de la OMC, las cuales confieren ciertas concesiones a los países en desarrollo en reconocimiento a las asimetrías de tamaño y nivel de desarrollo de sus miembros. Lo que no es cosa menor en tanto que el TED forma parte de los principios fundamentales sobre los que la OMC se creó, atendiendo las limitaciones, dificultades y necesidades propias de la etapa de desarrollo en la que se encuentren los diferentes países. 

Entre los beneficios conferidos a quiénes forman parte de la categoría de los “países en desarrollo” podemos mencionar, por ejemplo, cierta flexibilidad respecto a sus obligaciones como miembros de la Organización, plazos más amplios para el cumplimiento de los compromisos dimanantes de los acuerdos negociados en la OMC, ventajas administrativas y de procedimiento, así como la capacidad de solicitar asistencia técnica. 

Al respecto, no debe perderse de vista que alrededor de dos terceras partes de la membresía de la OMC forman parte de la categoría “en desarrollo” y que países como China, India, Corea del Sur, Turquía y México pertenecen a esta categoría y, por tanto, gozan de las disposiciones relacionadas con el TED. Lo anterior ha generado un fuerte descontento entre las autoridades comerciales estadounidenses, quienes consideran que actualmente existen países que, aunque se autodenominan “en desarrollo”, ostentan indicadores comerciales, económicos, tecnológicos, etc., superiores o equiparables a los de los países desarrollados. Más aún, las autoridades comerciales estadounidenses sugieren que la función negociadora de la OMC se ve severamente mermada por la gran cantidad de beneficios y concesiones con las que cuenta este grupo de países. 

De acuerdo con Estados Unidos, su propuesta en la OMC no pretende obligar a los miembros a modificar el nivel de desarrollo que actualmente ostentan en la Organización y tampoco compromete el TED concedido a dichos países en el marco de los Acuerdos de la OMC que se encuentran vigentes, lo que busca es crear el compromiso a prescindir del TED en las negociaciones actuales y futuras, de miembros que caigan en alguna de las siguientes categorías:

  • Países miembros o en proceso de adhesión a la OCDE.
  • Países miembros del G20.
  • Países designados por el Banco Mundial como “país de ingresos altos”.
  • Países que representen no menos del 0.5% del comercio internacional de mercancías.

Por su parte, los detractores de la propuesta norteamericana, encabezados por China e India[4], la consideran como un atentado a uno de los principios rectores del funcionamiento de la OMC. Esta postura defiende que el TED no es una concesión unilateral ni un gesto de caridad de los miembros desarrollados hacia los miembros en desarrollo, sino el resultado de complejas negociaciones en las que los países en desarrollo tuvieron que realizar diversos sacrificios y pagar altos costos. .

Adicionalmente consideran que, a pesar de los grandes esfuerzos y avances que han tenido algunos países en las últimas décadas, en general, la brecha entre países en desarrollo y países desarrollados continúa siendo amplia y que, dada la composición multidimensional del concepto “desarrollo”, no puede considerarse que este es sinónimo de “crecimiento económico”, por lo que sería un error esperar que un país que presenta un buen desempeño económico o comercial es, automáticamente, desarrollado.  

Por último, uno de los argumentos más interesantes y controversiales de esta postura radica en la consideración de que, inmersas en los Acuerdos de la OMC, existen algunas disposiciones que confieren una suerte de TED para los países desarrollados (como la Medida Global de Ayuda en el  Acuerdo sobre Agricultura). Resultado de esto, cualquier negociación sobre el TED debería contemplar una revisión más amplia y profunda de las disposiciones que impliquen algún tipo de concesión inscritas en dichos Acuerdos en virtud de garantizar resultados beneficiosos para ambos grupos de países, cuestión que se anticipa extremadamente complicada. 

Como puede observarse, ambas posturas defienden argumentos válidos. Por un lado, innegablemente la condiciones económicas y comerciales de los miembros de la OMC se han modificado, en mayor o menor medida, desde su fundación en 1995. Más aún, los grandes problemas del escenario comercial internacional no se solucionarán si no existe compromiso por parte de los principales actores. Por otro lado, sería un error buscar que los lineamientos de la Organización apliquen a todos los miembros por igual o, peor aún,  forzar a los países a adoptar compromisos y obligaciones basándose en su pertenencia a una categoría que fue determinada de manera unilateral. 

En este sentido, adoptar un enfoque similar al del Acuerdo sobre Facilitación Comercial puede ser un primer paso hacia  la convergencia entre dichas posturas. En el proceso de negociación de ese acuerdo, los países acordaron determinar por sí mismos el nivel de compromiso que están en capacidad de asumir, con plazos fijos para el cumplimiento de objetivos, así como las debidas flexibilidades para los países que las necesiten.

Sin embargo, no hay que perder de vista que en el Memorándum del 26 de julio el Presidente Trump estableció un plazo de 60 días para que la oficina del USTR realice un reporte de avances y de 90 días para que comunique si es que ha habido cambios sustanciales en la materia. Si el USTR determina que dichos cambios no se han realizado, el gobierno norteamericano llevará a cabo acciones unilaterales respecto a los países que considere injustamente beneficiados por el TED.

Así, con un Órgano de Apelación a punto de hacerse inoperante, unas negociaciones de pesca que avanzan despacio en una carrera contra el tiempo y casi a las puertas de una Conferencia Ministerial que promete poco, el tema del desarrollo se suma a la cada vez más larga lista de temas pendientes de resolver en el seno de la OMC antes del final del año,  en un momento crítico en que, en palabras del Embajador de Estados Unidos, Dennis Shea, la Organización se debate entre la reforma y la irrelevancia.

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Referencias: 

[1] Memorandum on Reforming Developing-Country Status in the World Trade Organization

[2] WT/GC/W/757/Rev.1

[3] WT/GC/W/764 

[4] WT/GC/W/765/Rev.2

La Seguridad Nacional y la OMC

La Seguridad Nacional y la OMC

Por Vanessa R. Camarillo

Uno de los elementos más destacables de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es  que cuenta con un sistema jurisdiccional interno en el que los Miembros pueden dirimir sus diferencias en materia comercial. Una diferencia surge cuando un Miembro de la OMC considera que otro está infringiendo uno o varios de los acuerdos negociados en el marco de la organización.

Así, el mecanismo de solución de diferencias de la OMC se erige como un elemento central para el pleno funcionamiento del sistema multilateral del comercio. Al día de hoy este mecanismo ha sido usado en 586 ocasiones desde su implementación en enero de 1995[1].

Ahora bien, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) prevé obligaciones y derechos para regular y liberalizar el comercio, lo que acota la esfera de acción de los Miembros en su formulación de estrategias o instrumentos de política comercial. No obstante, el mismo GATT de 1994 incluye normas de excepción que sirven para justificar una infracción de cualquier disposición de los acuerdos abarcados. Este es el caso de los artículos XX y XXI de dicho ordenamiento, los cuales estipulan excepciones para alcanzar objetivos legítimos que no son necesariamente de naturaleza económica y/o comercial.

Las medidas impuestas por un Miembro al amparo del artículo XX del GATT de 1994 deben cumplir con los requisitos enlistados en los literales a) a j) del mismo. Dicho artículo es el reflejo del reconocimiento al derecho de los Miembros de velar por sus intereses legítimos, entre los que podríamos mencionar preservar la salud y la vida de las personas, la moral pública, el medioambiente, etc.

Por otro lado, el artículo XXI del GATT de 1994[2], es una excepción que comprende medidas adoptadas por cuestiones de seguridad nacional. Conforme a dicha disposición, los Miembros tienen el derecho de apartarse de los compromisos contraídos en los acuerdos de la OMC en virtud de proteger los intereses esenciales relacionados con su seguridad nacional. Ante la enorme complejidad de definir un concepto tan ambiguo como “seguridad nacional” y los subsecuentes problemas que traería su interpretación, el tema de la aplicación del artículo XXI mantuvo un bajo perfil en la Organización hasta fechas recientes.

El 14 de septiembre de 2016, Ucrania solicitó la celebración de consultas con Rusia[3] en relación a varias restricciones y prohibiciones que le fueron impuestas al tráfico en tránsito procedente de Ucrania hacia Kazajstán y la República Kirguisa pasando por Rusia.

En respuesta, Rusia manifestó que las medidas adoptadas fueron necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad nacional, derivado de la grave tensión internacional que se produjo entre dichos Miembros, por lo que invocó la disposición del artículo XXI del GATT de 1994. Este caso fue la primera vez que un Grupo Especial emitió un informe respecto a una excepción de seguridad nacional.

En dicho asunto, el Grupo Especial constató que los grupos especiales de la OMC tienen jurisdicción para examinar medidas invocadas bajo el artículo XXI, por lo que analizó si Rusia había cumplido con los requisitos necesarios para invocar dicha disposición en relación con las medidas en litigio. El Grupo Especial determinó que “en general se deja en manos de cada Miembro definir lo que considera que son los intereses esenciales de su seguridad”[4]. Pero igualmente señaló que esto no le otorga la plena libertad a un Miembro para que “cualquier preocupación” pueda ser considerada de interés esencial para la seguridad. Finalmente, el Grupo Especial reconoció que si las medidas adoptadas por Rusia hubieran sido adoptadas en “tiempos normales” Ucrania habría acreditado prima facie que las medidas en litigio eran incompatibles con las obligaciones del GATT de 1994[5].

Rusia no ha sido el único Miembro en invocar dicho numeral. Estados Unidos (EE.UU.) inició una investigación bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 que autoriza al Presidente a imponer restricciones basadas en decisiones adoptadas por el Departamento de Comercio respecto a productos que están siendo importados y afectan la seguridad nacional. Derivado de dicha investigación EE.UU. comenzó a aplicar un arancel adicional del 25% sobre los productos de acero y 10% sobre los productos de aluminio.

Debido a las medidas impuestas por EE.UU., China[6], India[7], la Unión Europea[8], Canadá[9], México[10], Noruega[11], Rusia[12], Suiza[13] y Turquía[14] iniciaron casos en contra de las medidas estadounidenses impuestas a la importación de productos de acero y aluminio.

En otro caso, Qatar inició solicitud de consultas con los Emiratos Árabes Unidos[15], Bahrein[16] y Arabia Saudita[17] por medidas adoptadas relativas al comercio de mercancías, servicios y aspectos que afectan los derechos de propiedad intelectual. Debido a esto, Qatar ha impuesto medidas de retorsión unilaterales contra dichos Miembros, ya que manifiestan haber adoptado las medidas para proteger sus intereses en materia de seguridad nacional.

Esta situación abre un nuevo paradigma para el sistema multilateral de comercio, ya que la creciente tendencia de justificar una medida argumentando intereses de seguridad nacional crea una gran incertidumbre entre los Miembros y coloca a los grupos especiales ante la difícil tarea de intentar definir la seguridad nacional al emitir los informes resultantes de cada uno de los asuntos.


[1] Lista cronológica de las diferencias, Organización Mundial del Comercio, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm

[2] Artículo XXI: Excepciones relativas a la seguridad

No deberá interpretarse ninguna disposición del presente Acuerdo en el sentido de que:

a)     imponga a una parte contratante la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación sería, a su juicio, contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o

b)    impida a una parte contratante la adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, relativas:

i)      a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;

ii)     al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

iii)   a las aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o

c)     impida a una parte contratante la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por ella contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

[3] Rusia — Tráfico en tránsito (WT/DS512/1)

[4] Rusia — Tráfico en tránsito (WT/DS512/R para. 7.131)

[5] Ídem (para 8.2)

[6] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (China) (WT/DS544/1)

[7] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (India) (WT/DS547/1)

[8] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Unión Europea) (WT/DS548/1)

[9] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Canadá) (WT/DS550/1)

[10] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (México) (WT/DS551/1)

[11] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Noruega) (WT/DS552/1)

[12] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Rusia) (WT/DS554/1)

[13] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Suiza) (WT/DS556/1)

[14] Estados Unidos — Productos de acero y aluminio (Turquía) (WT/DS564/1)

[15] Emiratos Árabes Unidos — Mercancías, servicios y derechos de propiedad intelectual (WT/DS526/1)

[16] Bahrein — Mercancías, servicios y derechos de propiedad intelectual (WT/DS527/1)

[17] Arabia Saudita — Mercancías, servicios y derechos de propiedad intelectual (WT/DS528/1)

Estados Unidos anuncia nuevas medidas comerciales en contra de México: precisiones en torno al diferendo

Estados Unidos anuncia nuevas medidas comerciales en contra de México: precisiones en torno al diferendo

En días recientes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos (USDOC), anunció su determinación preliminar para imponer derechos antisubvenciones (también denominados cuotas compensatorias) a la importación de productos de acero estructural habilitado de origen mexicano. La ambigüedad sobre este tema ha generado mayores dudas, por lo que conviene hacer algunas precisiones.

Esta medida preliminar tiene sustento en las investigaciones iniciadas en febrero de 2019. Por un lado, en materia de subvenciones para verificar si los productores de acero mexicanos se están beneficiando por alguna subvención o subsidio (a manera de contribución financiera) otorgado por el gobierno, poniéndolos en una posición de ventaja frente a sus competidores estadounidenses. Por el otro, en materia de derechos contra la competencia desleal para determinar si el acero importado desde México se está vendiendo en Estados Unidos a un valor inferior al del mercado de origen. Es importante precisar que la competencia desleal (dumping) es cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país. Por lo tanto, hay claras diferencias entre una subvención y la competencia desleal.

De acuerdo con el comunicado emitido por el USDOC el 26 de febrero del 2019, el propósito de iniciar con estas investigaciones es definir si es necesaria la aplicación de derechos antisubvenciones y derechos antidumping, respectivamente, contra los productores privados mexicanos, con la finalidad de regular las importaciones que se comercializan a precios por debajo del mercado, y con ello evitar un daño a la industria nacional estadounidenses. De ahí que el procedimiento inició a petición de un subgrupo de miembros del Instituto Americano de Construcción de Acero con sede en Chicago, Illinois. El 20 de marzo, la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (USITC), publicó su determinación preliminar de daño en las investigaciones antisubvenciones y antidumping. Importante señalar que es la USITC la instancia encargada de calcular el impacto de las cuotas antisubvenciones y compensatorias a las importaciones de productos, entre otras funciones. Por su parte, el 8 de julio el USDOC determinó de manera preliminar que algunas empresas mexicanas se benefician de subsidios que van del 0.01% hasta 74.01%. En consecuencia, instruyó al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos proceder con el cobro de derechos antisubvenciones en un rango de entre 0.01% y 74.01%, sobre la importación de estructuras de acero fabricadas por un grupo selecto de empresas mexicanas.

Ambas investigaciones se mantienen en curso, y no será hasta mediados de noviembre (19 de noviembre de 2019) que el USDOC emita su resolución. En caso de ser en sentido afirmativo, la USITC deberá emitir su determinación final hacia principios de enero de 2020, con lo que definirán los derechos antisubvenciones y derechos antidumping que habrán de aplicarse de manera definitiva. En caso de que el USDOC concluya que los productos no están siendo objeto de subsidios o dumping, o si la USITC considera que no hay daño a la industria nacional, las investigaciones se darán por concluidas y no se emitirá ninguna orden para el cobro de derechos.

Destaca que estas investigaciones no guardan relación con la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles del 25% y 10%, respectivamente, sobre la importación de productos mexicanos de acero y aluminio en virtud de la sección 232 que se refiere a cuestiones de seguridad nacional de Estados Unidos, toda vez que este es un tema resuelto. En mayo de 2019, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para poner fin a estos aranceles y las medidas de represalia correspondientes, al confirmar que las exportaciones mexicanas no representan ningún riesgo para la seguridad del país norteamericano. Tampoco tiene que ver con la amenaza de imponer aranceles a todas las exportaciones de México hacia el ese país anunciada por el presidente Trump el 30 de mayo.

Más bien, responden a cuestiones meramente comerciales. Primero, tiene que ver con el derecho que tiene cualquier país miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de iniciar una investigación para demostrar los efectos desfavorables de la subvención para el comercio y su industria nacional, estipulada en el artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. Específicamente, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, establece las normas de procedimiento para aplicar las cuotas antisubvenciones o compensatorias que el país reclamante considere pertinentes, siempre y cuando se demuestre la existencia de importaciones subvencionadas, daño a una rama de producción nacional y una relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño.

Segundo, se refiere a la capacidad que tiene cualquier país miembro de la OMC de imponer un derecho contra la competencia desleal específico a las importaciones procedentes de un determinado país, en los casos en que el dumping cause o amenace causar daño a una rama de producción nacional o retrase de manera importante la creación de una rama de producción nacional. También está reconocido en el artículo VI del GATT. Pero es el acuerdo antidumping el que establece los fundamentos y principios en torno a la aplicación de una investigación, determinación e implementación de derechos antidumping.

Importante subrayar que, a pesar de ser una controversia entre particulares, las diferencias que pudieran surgir de estas investigaciones, están sujetas al procedimiento vinculante de solución de diferencias ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. Los miembros, en este caso México, pueden impugnar el establecimiento de cuotas antisubvenciones o medidas contra la competencia desleal, incluso se puede impugnar la imposición de medidas provisionales, entre otros aspectos.

En ese sentido, este diferendo es distinto e independiente a los señalados anteriormente, porque se desarrolla únicamente en el plano comercial. Se deslinda del tema migratorio, y no necesariamente es un obstáculo para la aprobación del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Mientras tanto, México podrá recurrir a los mecanismos e instancias correspondientes para atender el diferendo en apoyo a su industria, siempre en apego al marco legal establecido, a efecto de preservar la armonía y correcto funcionamiento del sistema multilateral de comercio.

JORGE O. ARMIJO es licenciado en Relaciones Internacionales. Es egresado de la primera generación del Diplomado en Negociaciones Comerciales Internacionales de El Colegio de México (Colmex). Además, es socio fundador y Secretario de TradeTankMx, e integrante de la mesa directiva del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Actualmente se desempeña como Subdirector de Investigación y Análisis en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques de la Cámara de Senadores. Sígalo en Twitter en @jorgeoarmijo.

*Este artículo fue originalmente publicado en: http://revistafal.com/estados-unidos-anuncia-nuevas-medidas-comerciales-en-contra-de-mexico-precisiones-en-torno-al-diferendo/

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