Por Diego Torres

A través de un memorándum oficial distribuido por la Casa Blanca el pasado 27 de julio, el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, hizo un llamado a la oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) a utilizar “todos los medios necesarios” para garantizar que se realicen cambios sustanciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC)[1], a fin de evitar que ciertos países utilicen de manera abusiva las concesiones comerciales resultantes de su autodenominación como “país en desarrollo”, conocidas oficialmente como Trato Especial y Diferenciado (TED), en el argot de la Organización.

Esto no es algo nuevo pues, en los últimos años, el gobierno estadounidense se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de estas concesiones por considerarlas “injustas”[2]. En este contexto, el pasado 15 de febrero de 2019, la delegación estadounidense en la OMC circuló una propuesta titulada “Procedimientos para fortalecer la función negociadora de la OMC”[3], en la que plantea criterios para identificar a los miembros en posibilidad de renunciar a la etiqueta de “país en desarrollo” y con ello, al trato preferencial. ¿Por qué es tan controversial esta propuesta? Para entenderlo, analicemos primero qué es el TED. 

El TED es como se le conoce al conjunto de disposiciones que se encuentran en los Acuerdos de la OMC, las cuales confieren ciertas concesiones a los países en desarrollo en reconocimiento a las asimetrías de tamaño y nivel de desarrollo de sus miembros. Lo que no es cosa menor en tanto que el TED forma parte de los principios fundamentales sobre los que la OMC se creó, atendiendo las limitaciones, dificultades y necesidades propias de la etapa de desarrollo en la que se encuentren los diferentes países. 

Entre los beneficios conferidos a quiénes forman parte de la categoría de los “países en desarrollo” podemos mencionar, por ejemplo, cierta flexibilidad respecto a sus obligaciones como miembros de la Organización, plazos más amplios para el cumplimiento de los compromisos dimanantes de los acuerdos negociados en la OMC, ventajas administrativas y de procedimiento, así como la capacidad de solicitar asistencia técnica. 

Al respecto, no debe perderse de vista que alrededor de dos terceras partes de la membresía de la OMC forman parte de la categoría “en desarrollo” y que países como China, India, Corea del Sur, Turquía y México pertenecen a esta categoría y, por tanto, gozan de las disposiciones relacionadas con el TED. Lo anterior ha generado un fuerte descontento entre las autoridades comerciales estadounidenses, quienes consideran que actualmente existen países que, aunque se autodenominan “en desarrollo”, ostentan indicadores comerciales, económicos, tecnológicos, etc., superiores o equiparables a los de los países desarrollados. Más aún, las autoridades comerciales estadounidenses sugieren que la función negociadora de la OMC se ve severamente mermada por la gran cantidad de beneficios y concesiones con las que cuenta este grupo de países. 

De acuerdo con Estados Unidos, su propuesta en la OMC no pretende obligar a los miembros a modificar el nivel de desarrollo que actualmente ostentan en la Organización y tampoco compromete el TED concedido a dichos países en el marco de los Acuerdos de la OMC que se encuentran vigentes, lo que busca es crear el compromiso a prescindir del TED en las negociaciones actuales y futuras, de miembros que caigan en alguna de las siguientes categorías:

• Países miembros o en proceso de adhesión a la OCDE.
• Países miembros del G20.
• Países designados por el Banco Mundial como “país de ingresos altos”.
• Países que representen no menos del 0.5% del comercio internacional de mercancías.

Por su parte, los detractores de la propuesta norteamericana, encabezados por China e India[4], la consideran como un atentado a uno de los principios rectores del funcionamiento de la OMC. Esta postura defiende que el TED no es una concesión unilateral ni un gesto de caridad de los miembros desarrollados hacia los miembros en desarrollo, sino el resultado de complejas negociaciones en las que los países en desarrollo tuvieron que realizar diversos sacrificios y pagar altos costos. .

Adicionalmente consideran que, a pesar de los grandes esfuerzos y avances que han tenido algunos países en las últimas décadas, en general, la brecha entre países en desarrollo y países desarrollados continúa siendo amplia y que, dada la composición multidimensional del concepto “desarrollo”, no puede considerarse que este es sinónimo de “crecimiento económico”, por lo que sería un error esperar que un país que presenta un buen desempeño económico o comercial es, automáticamente, desarrollado.  

Por último, uno de los argumentos más interesantes y controversiales de esta postura radica en la consideración de que, inmersas en los Acuerdos de la OMC, existen algunas disposiciones que confieren una suerte de TED para los países desarrollados (como la Medida Global de Ayuda en el  Acuerdo sobre Agricultura). Resultado de esto, cualquier negociación sobre el TED debería contemplar una revisión más amplia y profunda de las disposiciones que impliquen algún tipo de concesión inscritas en dichos Acuerdos en virtud de garantizar resultados beneficiosos para ambos grupos de países, cuestión que se anticipa extremadamente complicada. 

Como puede observarse, ambas posturas defienden argumentos válidos. Por un lado, innegablemente la condiciones económicas y comerciales de los miembros de la OMC se han modificado, en mayor o menor medida, desde su fundación en 1995. Más aún, los grandes problemas del escenario comercial internacional no se solucionarán si no existe compromiso por parte de los principales actores. Por otro lado, sería un error buscar que los lineamientos de la Organización apliquen a todos los miembros por igual o, peor aún,  forzar a los países a adoptar compromisos y obligaciones basándose en su pertenencia a una categoría que fue determinada de manera unilateral. 

En este sentido, adoptar un enfoque similar al del Acuerdo sobre Facilitación Comercial puede ser un primer paso hacia  la convergencia entre dichas posturas. En el proceso de negociación de ese acuerdo, los países acordaron determinar por sí mismos el nivel de compromiso que están en capacidad de asumir, con plazos fijos para el cumplimiento de objetivos, así como las debidas flexibilidades para los países que las necesiten.

Sin embargo, no hay que perder de vista que en el Memorándum del 26 de julio el Presidente Trump estableció un plazo de 60 días para que la oficina del USTR realice un reporte de avances y de 90 días para que comunique si es que ha habido cambios sustanciales en la materia. Si el USTR determina que dichos cambios no se han realizado, el gobierno norteamericano llevará a cabo acciones unilaterales respecto a los países que considere injustamente beneficiados por el TED.

Así, con un Órgano de Apelación a punto de hacerse inoperante, unas negociaciones de pesca que avanzan despacio en una carrera contra el tiempo y casi a las puertas de una Conferencia Ministerial que promete poco, el tema del desarrollo se suma a la cada vez más larga lista de temas pendientes de resolver en el seno de la OMC antes del final del año,  en un momento crítico en que, en palabras del Embajador de Estados Unidos, Dennis Shea, la Organización se debate entre la reforma y la irrelevancia.

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Referencias: 

[1] Memorandum on Reforming Developing-Country Status in the World Trade Organization

[2] WT/GC/W/757/Rev.1

[3] WT/GC/W/764 

[4] WT/GC/W/765/Rev.2